La penitenciaria de Valledupar fue el primer establecimiento penitenciario que se construyó en el país en vigencia del Plan Colombia —Programa de Mejoramiento del Sistema Penitenciario Colombiano; Convenio Interinstitucional, Bogotá, 31 de marzo 2000. Tomado de http://usembassy.state.gov/bogota/wwwsc000.shtml— creado mediante resolución 1146 del 2 de abril del año 2000, con asesoría del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos e inaugurado por el presidente Andrés Pastrana el 16 de noviembre del mismo año. La penitenciaria conocida como La Tramacúa —en la costa Caribe colombiana hace referencia a algo grande o descomunal— instauró una concepción del manejo carcelario a partir de la doctrina de “nueva cultura penitenciaria” cuyo eje central es, según el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), «subordinar a la seguridad cualquier otra finalidad de la pena, incluida la resocialización».
Inicialmente fue catalogada como establecimiento de alta seguridad para recluir personas condenadas y consideradas de gran peligrosidad, pero posteriormente en el año 2003 pasó a ser establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana, lo que permitió recluir también a sindicados y condenados de cualquier perfil. El régimen aplicado siempre ha sido el propio de los establecimientos de alta seguridad lo que trae como consecuencia la imposición de un mayor número de restricciones a toda la población sin discriminación alguna. Los detenidos sólo pueden enviar y recibir correspondencia a través de la oficina jurídica y de encomiendas y aquello que les entregan sus representantes legales tales como copias de expedientes o proyección de memoriales para su defensa también es sometido a la inspección de la guardia penitenciaria. La movilidad al interior del penal siempre se realiza con utilización de esposas y así son atendidos por médicos y abogados. A pesar de las altas temperaturas no se permite el uso de ventiladores o sistemas de aire acondicionado y existe un mayor número de elementos prohibidos como la utilización de radios, relojes, espejos, algunos alimentos como el café e implementos de aseo.
La organización defensora de derechos humanos ha iniciado una campaña mundial por el cierre de la cárcel de Valledupar que alberga a cerca de 1.600 hombres con el lema «En la cárcel de Valledupar sí hay tortura» ya que afirma que desde su creación «se han presentando reiteradas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se traducen en torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia los presos, aislamientos injustificados y por periodos prolongados de tiempo que han conllevado en algunos casos al suicidio». Unido a esto el CSPP añade que la situación en salud, convivencia intramural y las condiciones de vida en general se podría considerar como una tortura permanente a los internos.
En el año 2005 y hasta marzo de 2010 uno de los pabellones de la cárcel se estableció para reclusión de mujeres. Sin embargo, las múltiples denuncias realizadas sobre la violación de sus derechos, una resolución defensorial y la campaña impulsada por las internas y varias organizaciones sociales de Colombia y el exterior obligaron a cerrar la reclusión para mujeres en la torre 9.
La temida guardia penitenciaria
Además de la grave situación de insalubridad e higiene denunciada el 9 de mayo de 2011 a través de la desobediencia de más de 300 prisioneros, el servicio de guardia penitenciaria prestado por el INPEC —quien en sus inicios contó con la asesoría y capacitación del Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos que llegó incluso a tener una dependencia en las instalaciones de esta cárcel— impuso una cultura al interior del penal consistente, según el CSPP, en que ésta «ejerce control y dirección de facto por encima incluso de los diferentes directores que ha tenido este establecimiento».
Según el CSPP, la práctica sistemática de actos constitutivos de tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes han sido particularmente más notorios en esta cárcel. A partir del año 2008 y hasta la fecha el CSPP ha documentado e iniciado por información de los detenidos más de 80 acciones por tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes y otras violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad en la cárcel de Valledupar. Las denuncias de los detenidos ante los órganos de control, la Fiscalía General de la Nación y el mismo INPEC incluyen golpizas, uso de gases lacrimógenos, requisas indignantes, encierros y aislamiento en celda sin acceso al agua, negativa al acceso a la salud, amenazas a internos y defensores de derechos humanos, la utilización del aislamiento prolongado y la restricción al derecho al agua a partir de limitar su prestación o incluso decomisar los utensilios de los internos que facilitan su almacenamiento, «todo ello con una finalidad de infringir castigo».
Impunidad de las violaciones a derechos humanos
Muchas de las violaciones a los derechos humanos cometidos en Valledupar no son denunciadas por temor a las represalias. No existen garantías para quienes denuncian al punto que por esta causa el 9 de agosto de 2010 el Comité de Derechos Humanos constituido por los representantes de los diferentes pabellones renunció en pleno. Por ello a pesar de que las cifras representan un subregistro, el INPEC reporta 690 quejas contra funcionarios de su guardia en Valledupar presentadas ante la Subdirección Operativa Regional Norte de las cuales sólo 36 han terminado con algún tipo de sanción —6 amonestaciones escritas, 5 multas, 21 suspensiones y 4 destituciones—, lo que representa el 5% de las denuncias presentadas —. Del 95% de quejas sin sanción, 95 están sin tramitar, 37 en curso, 125 con auto inhibitorio, 395 archivadas y 2 fallos absolutorios; y de las 92 quejas tramitadas ante la Oficina de Control Disciplinario Interno del INPEC, una sola terminó con sanción (suspensión). Por su parte la Fiscalía General de la Nación reporta un total de 56 denuncias penales de detenidos contra funcionarios del establecimiento de Valledupar, de las cuales una sola terminó con resolución de acusación.
Pero según la Campaña por el cierre de La Tramacúa «tan grave como la alarmante impunidad, es el no cumplimiento de las sanciones por parte de quienes han sido condenados por estos graves hechos». El teniente Isifredo Chacón fue condenado a 14 años de prisión —de los cuales permaneció sólo 6 años detenido— por hallársele culpable del homicidio del detenido Luis Fernando Preciado Osorio, producto de los golpes recibidos dentro del procedimiento de “extracción de celda”, una de las nuevas técnicas penitenciarias enseñadas por el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos al comando especial denominado “Power Rangers” —al respecto, «Brutalidad en Prisiones», El Tiempo, 24 de noviembre de 2002—. A pesar de que la condena contra el teniente Chacón fue confirmada en segunda instancia, la Procuraduría profirió resolución de archivo definitivo en su favor y lo absolvió de cualquier tipo de sanción disciplinaria. Una vez recobró su libertad fue inmediatamente reintegrado a su cargo y se encuentra actualmente vinculado al INPEC como teniente de prisiones.
¿Cierre o reforma?
A pesar del reconocimiento de la crítica situación por parte de los órganos de control, el CSPP afirma que las recomendaciones no se cumplen. La Secretaria Departamental de Salud del Cesar lleva varios años —tal como consta en las actas de Visitas de Inspección, Vigilancia y Control de los años 2009, 2010 y 2011— emitiendo concepto desfavorable del cumplimiento de las normas sanitarias y realizando exigencias sin que se corrijan definitivamente las fallas ni se apliquen las sanciones previstas en la ley. La situación de la cárcel de Valledupar es tan crítica que en noviembre de 2009 el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) al emitir recomendaciones sobre la situación de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes hizo alusión expresa a este establecimiento.
Así mismo se han emitido múltiples órdenes judiciales que exigen al INPEC corregir las fallas y las vulneraciones de los derechos. Según cifras del INPEC en la respuesta de derecho de petición de l representate a la Cámara Iván Cepeda (oficio 7100-DIG-001527 del 7 de marzo de 2011) se han presentado 4.421 acciones de tutela en contra del establecimiento de Valledupar de las cuales 1.322 han sido falladas a favor de las y los reclusos, aunque según afirma el CSPP muchas de las cuales no se acatan oportunamente.
La Defensoría del Pueblo del Cesar también ha presentado acciones populares y de cumplimiento con miras a que se respeten los derechos de las personas privadas de libertad. En el año 2002 presentó acción popular que culminó con la orden del Tribunal Administrativo del Cesar al INPEC de solucionar la falta de abastecimiento de agua en La Tramacúa. Ante el desacato de la decisión, la autoridad judicial mediante providencia del 20 de enero de 2009 concede un término de un año para que se adelantes las gestiones correspondientes para dar cumplimiento al fallo, pero a la fecha el problema del agua persiste. De igual manera, el órgano de control logró una decisión judicial para que se realizaran adecuaciones al área de cocina. Sin embargo, la Secretaria de Salud sigue emitiendo conceptos desfavorables luego de sus inspecciones. Estas acciones han generado una cuantiosa inversión de recursos (adecuación del tanque de agua, remodelación de la cocina) sin que se logre garantizar condiciones de vida digna a las personas que se encuentra recluidas en este lugar. Estos hechos son un ejemplo para las organizaciones que integran la Campaña por el cierre de la Tramacúa que «demuestran que se han agotado todos los recursos, que las acciones judiciales resultan ineficaces y que Valledupar es un símbolo de la ineficacia estatal».
fuente: notiagen
No hay comentarios:
Publicar un comentario